Señoras y señores senadores, señoras y señores Consejeros, comparezco ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas para informar sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
Señoras y señores senadores, señoras y señores Consejeros, comparezco
ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas para informar sobre
las previsiones del Gobierno con respecto a la aplicación de la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación.
Es para mi un honor comparecer ante esta Comisión, especialmente porque la
cooperación con las Comunidades Autónomas es un objetivo explícito de la
política que pretendo desarrollar. Nuestro sistema educativo tiene un alto grado
de descentralización y eso implica que cualquier decisión ha de tomarse
buscando la coordinación y el consenso más amplios posibles y, muy en
particular, con las Comunidades Autónomas, que son las responsables de su
administración y su desarrollo.
Para hacer efectiva esta voluntad de coordinación, vamos a comenzar por
reforzar los organismos institucionales ya existentes. La Conferencia Sectorial
de Educación es el lugar natural en el que todas las Administraciones
educativas hemos de cooperar para coordinar nuestras actuaciones. En la
Conferencia podemos compartir experiencias, definir diagnósticos y orientar
estrategias y soluciones y, por tanto, queremos dinamizarla. Antes de cumplir
un mes en el gobierno ya convoqué la primera reunión, que celebramos el
pasado 17 de mayo, y propuse que tratáramos de organizar métodos de trabajo
útiles y ágiles que faciliten la toma de decisiones, tarea que afrontaremos
rápidamente. En conjunto, por medio de estos mecanismos confiamos en poder
mantener unas relaciones de coordinación y cooperación que sin duda serán
provechosas para todos.
Calendario de aplicación de la LOCE
Paso al objeto específico de esta comparecencia: las previsiones del
gobierno en relación con la aplicación de la LOCE. Aunque desde la fecha en la
que se planteó la comparecencia hasta el día de hoy, creo que muchas dudas
a este respecto han quedado despejadas.
El Consejo de Ministros del pasado 28 de mayo aprobó un Real Decreto,
que se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, por el que se
modifica otro Real Decreto anterior, del 27 de junio de 2003, que estableció el
calendario de implantación de la nueva ordenación del sistema educativo
contenida en la LOCE. Permítanme hacer algunas consideraciones respecto al
procedimiento seguido:
El Gobierno ha hecho uso de la habilitación que la propia Ley le confiere
en su disposición adicional primera y ha establecido un nuevo calendario de
aplicación que respeta el marco temporal de cinco años que la Ley disponía.
La modificación del calendario de desarrollo de un sistema educativo
contenido en una Ley no representa ninguna novedad en España. El calendario
de aplicación de la LOGSE, aprobado por Real Decreto en 1991, fue
modificado hasta seis veces. Cuatro de ellas después de 1996.
Para la aprobación del reciente Real Decreto de modificación del
calendario de la LOCEse han respetado todos los procedimientos legalmente
previstos como no podía ser de otra manera.
El Consejo de Ministros del día de mayo aprobó el contenido de la
reforma a llevar a cabo. El borrador de R.D. se envió a las Comunidades
Autónomas el 4 de mayo con la convocatoria de la Conferencia Sectorial. Esta
se celebró el 17 de mayo, y en ella la mayoría de las Comunidades apoyaron la
modificación del calendario. [Manifestaron su oposición a la reforma las CC.
AA. Gobernadas por el Partido Popular]. A continuación, el texto siguió el
camino previsto en nuestro ordenamiento jurídico, recibiendo informe favorable
del Consejo Escolar del Estado, y del Ministerio de Administraciones Públicas.
Por último, obtuvo informe favorable, por unanimidad, del Consejo de
Estado, que se ha manifestado ya en dos ocasiones a favor de la legalidad del
Real Decreto.
Quiero recalcar que la LOCE no ha sido derogada, aunque a veces se
haya oído esa expresión en algunos foros. La Ley está en vigor y sus
desarrollos reglamentarios también, como siempre hemos dicho. Buena parte
de estos desarrollos no están sometidos a un calendario concreto. Por citar
algunos ejemplos, el nuevo sistema de nombramiento de directores o el nuevo
calendario escolar están vigentes desde que la Ley entró en vigor, en enero de
2003. Lo único que hace el Real Decreto de 28 de mayo es posponer la
implantación de algunas de las disposiciones contenidas en la LOCE. Al mismo
tiempo, las medidas ya implantadas en el curso 2003-2004 se han mantenido,
al igual que algunas de las previstas para cursos posteriores.
A lo largo de este proceso de reforma, hemos sido muy escrupulosos
con la legalidad, (como corresponde a una administración responsable) y no
hemos realizado un planteamiento maximalista. Así, por ejemplo, hemos
optado por no modificar cuestiones como las medidas sobre evaluación y
promoción del alumnado en la educación secundaria obligatoria, que el Real
Decreto de calendario del Gobierno anterior anticipó a la implantación misma
de la etapa. No quisimos interrumpir, justo antes de terminar el curso, una
previsión con la que se venía trabajando desde su comienzo.
El nuevo calendario pospone la aplicación de diversos aspectos de la
LOCE. Se retrasa dos años (hasta el curso 2006-2007) la implantación de la
nueva ordenación de la educación preescolar, de la educación infantil, de la
primaria y de la secundaria. Como el gobierno ha venido destacando, esta
medida supone retrasar la introducción del modelo de itinerarios en la
secundaria obligatoria, la prueba general de bachillerato o el planteamiento que
la LOCE contiene sobre la enseñanza de la religión. Creemos que estos
aspectos de la ley deben ser revisados.
En cambio, hemos mantenido el calendario de las enseñanzas
especiales de idiomas y hemos hecho efectiva la progresiva gratuidad de esta
etapa no obligatoria de la educación infantil, que tan importante papel juega en
el desarrollo de los más jóvenes.
La modificación del calendario obedece a varias razones. Diversas
Comunidades Autónomas habían manifestado en distintos momentos
encontrarse ante dificultades para hacer frente a las exigencias de desarrollo
de la Ley y para adoptar las medidas precisas en orden a su inmediata
aplicación el curso próximo. El retraso en la elaboración de la normativa
autonómica de desarrollo de la LOCE era manifiesta en la fecha en que
convocamos la Conferencia Sectorial de Educación. Diversas Comunidades
Autónomas, colectivos de profesores, de padres y de centros habían
manifestado su preocupación por la premura, la precipitación, con la que habría
que desarrollar y planificar las nuevas enseñanzas. La desatención a esa
situación y a dicha demanda de las Administraciones hubiera producido
problemas en el normal comienzo de las actividades lectivas el próximo mes de
septiembre.
En segundo lugar creemos que el debate a fondo sobre algunas
cuestiones clave para la calidad y el éxito educativos requiere un período de
relativa calma. La implantación de nuevas enseñanzas, incluyendo medidas
que han sido controvertidas durante todo el proceso de preparación de la
LOCE, y sobre las que no se han logrado los acuerdos necesarios en el
pasado, no contribuiría a generar un clima propicio al diálogo y a análisis.
Es preciso construir con las Administraciones educativas y la comunidad
escolar un espacio de debate. En un sistema educativo descentralizado como
el nuestro, no es bueno que una gran parte de las Administraciones educativas
sientan que la Ley de Calidad se ha gestado a sus espaldas, sentimiento que
también comparten importantes sectores de la comunidad escolar.
Nuestro sistema educativo descentralizado ha ido adquiriendo una cierta
complejidad, que se refleja por ejemplo en el amplio catálogo de normativa
autonómica. Al mismo tiempo se configura un sistema rico en experiencias y en
innovaciones, que acumula referencias útiles para la futura toma de decisiones.
Parece lógico que se favorezcan métodos de trabajo que permitan compartir
las mejoras prácticas.
Con ocasión del debate educativo que desea propiciar el Gobierno,
debemos explorar la forma de compartir inquietudes y problemas, pero también
ensayos y soluciones, aunque sean más o menos parciales. Creemos
sinceramente que estos métodos de trabajo, basados en el análisis y el debate,
colaboran a la mejora del sistema educativo.
Un periodo de debate y de búsqueda de consenso
El Ministerio que dirijo va a dedicar sus esfuerzos de los próximos meses
a conducir y liderar un debate que permita diseñar las reformas que deberán
aplicarse en el inmediato futuro y a buscar el consenso sobre los rasgos
básicos de un sistema educativo de calidad para todos. Es hora de mirar hacia
delante, reconociendo los problemas, ofreciendo diálogo y perfilando
soluciones.
En efecto, hay problemas o disfunciones en nuestro sistema educativo
que exigen una profunda reflexión y que requieren estrategias adecuadas para
afrontarlos. Desde esta convicción creemos que la participación de las
Administraciones educativas autonómicas, de los grupos parlamentarios y de la
comunidad educativa, debe llevarse no sólo al terreno de la ejecución de la
reforma educativa sino también a su formulación y discusión.
Para conseguir ese propósito, queremos trabajar, analizar y debatir los
problemas con las Comunidades Autónomas, que son las que administran y
gestionan el sistema educativo en sus respectivos territorios y a las que
corresponde el desarrollo normativo de la legislación básica estatal. También
queremos dialogar con la comunidad educativa (profesores, padres y madres,
alumnos, organizaciones representativas, centros), así como con los grupos
parlamentarios. Todos debemos participar en este proceso de diálogo para
llegar a acuerdos que sean viables y duraderos.
Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que la búsqueda de
un consenso político y social, que dé estabilidad al sistema educativo, exige
que todos seamos capaces de realizar un cierto esfuerzo de cesión. La
búsqueda de acuerdos exige que todos estemos dispuestos a sacrificar parte
de nuestras pretensiones para conseguir acuerdos. Sabemos que la
responsabilidad principal recae sobre el gobierno, que debe liderar el debate y
buscar los puntos de posible acuerdo. Aceptamos gustosos ese papel y
pondremos el equipo del Ministerio al servicio de esas tareas. Estamos seguros
que contaremos con la colaboración de todas las administraciones, que
comparten el interés por que el proceso de reforma conduzca a los mejores
resultados posibles para garantizar la calidad de la educación de las nuevas
generaciones.
Existe una creciente percepción social de que el Gobierno, las
Comunidades Autónomas, los grupos políticos parlamentarios y la comunidad
educativa han de trabajar juntos para llegar a acuerdos sobre los elementos
esenciales de la estructura y la ordenación básica del sistema educativo. La
demanda de estabilidad se hace sentir desde posiciones muy diversas.
Algunas orientaciones para el debate
Con la voluntad de mirar hacia adelante que he manifestado con
anterioridad, quisiera, antes de finalizar mi intervención, plantear algunas
orientaciones básicas del debate que vamos a promover.
Es intención del Gobierno que este periodo de debate conduzca a la
presentación de un Proyecto de Ley al Congreso que culmine en normas
aprobadas antes del verano de 2005. Las Administraciones educativas
deberían después contar con el tiempo necesario para adecuar su normativa a
los cambios producidos y poder así comenzar su aplicación.- Somos
conscientes de la importancia de ese período de desarrollos legales por parte
de las Comunidades Autónomas, que gestionan el sistema educativo. Creemos
que las normas comunes deben fijar únicamente los rasgos básicos y las
garantías del sistema educativo. A partir de ahí, los gobiernos y los
parlamentos autonómicos pueden y deben establecer los criterios de
funcionamiento del sistema en cada territorio. Conseguiremos así acercarnos a
la solución de los problemas de los ciudadanos, mejoraremos la eficiencia del
conjunto del sistema de educación y formación, sin descuidar su equidad a
través de la normativa básica. Debemos en consecuencia actuar según
nuestras competencias, fijando las características básicas de la educación no
universitaria, sin invadir las competencias de otras administraciones. A partir de
ahí, la coordinación y la puesta en común de experiencias no deben ser
incompatibles con la diversidad que pueda introducirse en los desarrollos que
corresponden a los gobiernos y parlamentos autonómicos.
Sin prejuzgar en estos momentos las conclusiones del análisis y del
debate que debemos llevar a cabo entre todos, me corresponde avanzar
algunos principios generales que el gobierno considera importantes para guiar
la definición de las normas básicas del sistema educativo.
En primer lugar, debemos orientar nuestras reformas hacia la búsqueda
de una educación de calidad para todos. No podemos conformarnos con un
sistema educativo que garantice enseñanza de calidad para una parte de la
población. Nuestro modelo debe ser una educación de calidad con equidad.
Porque es posible, como demuestran los estudios internacionales más
completos y rigurosos. Así, informes recientes de la OCDE se preguntan si los
países desarrollados pueden conseguir en la práctica resultados educativos
elevados, y bajos niveles de desigualdad, y del análisis de la realidad obtienen
una respuesta afirmativa.
También los objetivos europeos Educación y Formación 2010 que
desarrollan la estrategia de Lisboa, apuntan claramente en esa dirección al
pedir a la Unión Europea que logre que el 85% de los jóvenes complete, no ya
la educación obligatoria sino, el bachillerato o la formación profesional. Y los
objetivos ambiciosos se extienden a las competencias que deben alcanzar
esos jóvenes. Ese debe ser nuestro modelo. Nuestro país, sus posibilidades de
desarrollo y sus aspiraciones no nos permiten objetivos menos ambiciosos. Si
otros países de la OCDE y de la Unión Europea lo han logrado, no podemos
renunciar a ello.
No podemos ni queremos aceptar la idea de que las desigualdades
sociales y educativas dependen de la diferente capacidad de las personas. Por
eso, una de las primeras medidas que tomó el Consejo de Ministros fue la de
aumentar significativamente las becas y ayudas al estudio (66 millones de
euros adicionales para el próximo curso), con objeto de hacer efectivo el
derecho constitucional a la educación por parte de la población de cualquier
nivel socioeconómico. Para que tal medida tuviera más repercusión sobre la
extensión de la escolarización secundaria post-obligatoria se ha dado prioridad
a las familias de menor renta. Se han eliminado los criterios adicionales
(orfandad, minusvalía, paro) que condicionaban el acceso a las ayudas
compensatorias y se ha elevado la cuantía de las becas, para que recuperen
su valor adquisitivo.
Otra de las medidas importantes, respaldada con financiación, ha
consistido en exceptuar de la modificación del calendario de aplicación de la
LOCE la gratuidad de la educación infantil, que debe aplicarse gradualmente
en los tres próximos años. Que toda la población tenga acceso gratuito a la
educación desde los tres años de edad es un objetivo compartido por todos.
Esta decisión del Consejo de Ministros con compromiso financiero, refleja una
auténtica lealtad institucional de la Administración Central con las
Comunidades Autónomas. También subraya que el compromiso del gobierno
con la educación es firme y se hace muy patente en el caso de la educación
infantil.
Se parte del convencimiento de que una formación y atención de calidad
en este nivel representa un instrumento básico de compensación de las
desigualdades de origen y, además, permite conciliar la vida laboral y familiar y
facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral.
Son múltiples las investigaciones que muestran que el origen
socioeconómico de los alumnos, en particular el nivel educativo alcanzado por
los padres y la capacidad económica del hogar de origen, son las variables que
encuentran una mayor correlación con la exclusión, el abandono y el fracaso
escolar. En nuestro caso, los estudios que ha realizado el INCE en los años
noventa así lo corroboran, como también lo hace el proyecto internacional
PISA.
Por todo ello, queremos prestar atención a la educación infantil, evitando
su concepción puramente asistencial Los primeros años de vida son
fundamentales para el desarrollo de capacidades y de habilidades de
aprendizaje, factores que, si se promueven en todos los alumnos, contribuirán
decisivamente a prevenir la aparición de desigualdades. Por otra parte,
debemos encontrar soluciones adecuadas para evitar que los estudiantes
finalicen la educación primaria sin haber alcanzado los objetivos básicos de la
etapa, circunstancia que les situaría en condiciones muy poco favorables para
continuar sus estudios con expectativas de éxito.
La sociedad del conocimiento no admite exclusiones y por ese motivo
debemos profundizar en las medidas que permitan prevenir el fracaso escolar.
La solución a este problema no es la simple exclusión de los alumnos que
tienen menor rendimiento escolar. Nuestro lema para esa educación de calidad
es: “prevenir mejor que excluir”. El sistema educativo no puede eludir sus
responsabilidades. Su esfuerzo debe centrarse en prevenir el fracaso y
promover el éxito escolar, por medio del apoyo pedagógico, la dotación de
recursos suficientes o la búsqueda de las soluciones organizativas más
correctas. En el debate que vamos a celebrar tenemos la intención de plantear
alternativas para evitar la exclusión, sobre todo en aquellas etapas educativas
en que mayores problemas se manifiestan, como es el caso de la Educación
Secundaria Obligatoria.
La educación secundaria obligatoria afronta problemas importantes.
Algunos de esos problemas se manifiestan ya en el primer ciclo de la etapa,
debido al cambio que sufren los alumnos al pasar de la enseñanza primaria a la
secundaria. Esa constatación nos debe obligar a reflexionar acerca de cómo
asegurar un tránsito gradual entre ambas etapas, evitando una transición
demasiado brusca que genere conflictos indeseados.
Los problemas aumentan en el segundo ciclo de la ESO. En nuestra
opinión, la LOCE pone énfasis en un discurso de la calidad de la educación en
negativo, que podría llegar a limitarse a un incremento de la repetición, y a una
división de los alumnos en itinerarios que en la mayoría de los casos iban a
conducir a segregación de los alumnos y a la estigmatización asociada a su
orientación hacia determinadas vías. Los estudios de la OCDE son
concluyentes al respecto: la separación temprana en vías académicas
alternativas no ha demostrado que se logre una mejora de los resultados
globales, y sin embargo aumenta la inequidad de su distribución.
Los alumnos de secundaria son muy distintos hoy a los de hace unas
pocas décadas, porque la sociedad en la que nacen y crecen se ha
transformado, por ese motivo, cualquier reforma de la educación impartida a los
jóvenes en esas edades ha de pasar por el reconocimiento de la diversidad y la
complejidad del alumnado. Supone una riqueza social y cultural pero sin duda
exige una diversidad de soluciones.
El punto de partida del debate que tenemos intención de promover debe
incluir propuestas curriculares y organizativas adaptadas a las necesidades
educativas derivadas de la diversidad del alumnado, sin olvidar los recursos y
los medios de apoyo necesarios para los centros y los profesores, que deben
implicarse para que las actuaciones de atención a la diversidad sean viables.
Algunos ejemplos de experiencias que gozan de éxito, parten de la idea
de convertir los centros que afrontan responsabilidades sociales importantes,
en escuelas especialmente dotadas en recursos humanos y materiales. Como
bien sabemos, no basta con ofrecer a los centros un número de horas de
profesores que les permita atender a los alumnos con necesidad de apoyo. El
problema es bastante más complejo. Es preciso dar la vuelta a la percepción
social, y a la realidad, de la calidad de vida en los centros situados en zonas
con alumnado diverso, por sus capacidades, origen socioeconómico, origen
geográfico y diversidad lingüística. Los centros necesitan más profesores, pero
también educadores y trabajadores sociales que configuren una atención
integral de la diversidad, y colaboren a hacer los centros más vivibles. Y los
centros y sus trabajadores necesitan reconocimiento a su labor, y la posibilidad
de dar respuesta a sus problemas concretos.
Más allá de ofrecer una educación básica y obligatoria de calidad,
estamos obligados a facilitar el acceso de nuestros ciudadanos más jóvenes a
las competencias y habilidades que requiere el mundo del siglo XXI.
Especialmente importantes son el dominio de las lenguas extranjeras y de los
nuevos lenguajes de las tecnologías de la información y la comunicación.
Queremos debatir acerca de cuáles son los mejores medios para permitir a
todos nuestros estudiantes el dominio de este nuevo alfabeto del siglo XXI. Y
para que estas competencias lleguen a toda la población, deben estar muy
presentes en nuestra red de centros, y especialmente en los centros públicos
que atienden a la mayoría de los jóvenes y cubre a todas las clases sociales.
La educación de calidad con equidad, combatiendo las desigualdades,
sólo se puede lograr si nos proponemos “educar a todos entre todos”. Nuestro
marco jurídico básico ha establecido un papel crucial de servicio educativo para
todos los centros sostenidos con fondos públicos. Hoy más que nunca, la
sociedad española no entiende que puedan existir desigualdades en el
cumplimiento de estas tareas. La creciente heterogeneidad del alumnado,
especialmente en entornos urbanos con gran capacidad de atracción de
población inmigrante, exige que todos los centros cumplan su parte en el
objetivo social de atención e integración de todos los alumnos.
Las administraciones deben ser a la vez exigentes y vigilantes del
cumplimiento efectivo de estas responsabilidades de servicio público, al mismo
tiempo que prestan todo el apoyo necesario a los centros y los profesores para
que realicen su tarea.
La sociedad se juega mucho en este proceso. Evitando la
formación de guettos escolares, previniendo y combatiendo la concentración de
alumnos con necesidades especiales (por sus capacidades, su origen o su
idioma) en unos cuantos centros, mayoritariamente públicos, contribuimos a
construir una sociedad más justa y equilibrada.
No podemos renunciar a ello. Es un objetivo demasiado importante, para
el sistema educativo y para la sociedad en su conjunto, como para eludirlo.
Administraciones, profesores, padres, todos compartimos el compromiso y
debemos trabajar para hacerlo efectivo en todos los territorios.
También queremos proponer y debatir medidas que tiendan a aumentar
el reconocimiento social del profesorado y de la función docente. Ningún
cambio es posible si no cuenta con la participación activa de los profesores y
queremos encontrar medios que permitan lograrla. Creo que todos
compartimos el convencimiento del papel fundamental del profesorado para el
logro de una educación de calidad para todos.
A las administraciones educativas nos corresponde apoyar la labor diaria
de los docentes, motivar sus iniciativas de innovación educativa, reconocer su
dedicación y reivindicar el prestigio social y profesional que debe acompañar a
su responsabilidad.
Cuando estamos a punto de desarrollar las nuevas titulaciones
universitarias para el Espacio Europeo de Educación Superior, es el momento
de abordar la formación inicial del profesorado. El nuevo catálogo de títulos de
grado, y las posibilidades que ofrecen los títulos de postgrado, permitirán
diseñar enseñanzas que refuercen las competencias y la cualificación de los
docentes del siglo XXI.
En el seno de la Conferencia Sectorial constituiremos un grupo de
trabajo que analice, tanto la configuración de la formación inicial del
profesorado, como las oportunidades y necesidades de formación permanente,
y el diseño global de la carrera docente. El fomento y reconocimiento
profesional y social del trabajo de los profesores; la incentivación del buen
hacer, de las tareas de orientación y de dirección, así como de la participación
en proyectos de atención a la diversidad, son algunas de las cuestiones a
considerar. Todas las administraciones estamos interesadas en promover una
tarea profesional de calidad que reciba la máxima consideración social.
Estas y otras cuestiones similares son las que queremos que centren el
debate que realizaremos en el próximo otoño. Sabemos que existen diversas
experiencias acompañadas por el éxito, tanto en nuestro país como en otros de
nuestro entorno. La apertura del debate y la búsqueda de consenso debe
basarse en el análisis de los problemas actuales, de las alternativas existentes
y de las experiencias desarrolladas. Es un proceso en el que todos estamos
llamados a colaborar.
Como muestra patente de nuestra voluntad de cooperación, queremos
comenzar por acordar con las Comunidades Autónomas los aspectos sobre los
cuales centrar el debate. Las alternativas planteadas, las soluciones preferidas,
pueden ser distintas. Pero al menos aspiramos a comenzar logrando un
consenso básico sobre los puntos centrales del debate. A esa tarea nos
dedicaremos en las próximas semanas y para ella solicitamos su leal
colaboración durante el mes de julio.
En el mes de septiembre aportaremos ya algún texto que recoja los
asuntos identificados en común como centrales, junto con datos y análisis
provenientes de diferentes fuentes que puedan colaborar no ya sólo al
diagnóstico preciso de la situación, sino al debate de las diferentes alternativas.
También propondremos un calendario para las reuniones o sesiones de debate
más formales, de carácter multilateral. Ese calendario incluirá un seminario de
difusión y promoción de los objetivos europeos de educación y formación. Se
realizará con la colaboración de la presidencia holandesa, además de la
Comisión, y enmarcará nuestro debate en el contexto de progresos europeo
hacia la sociedad del conocimiento y la formación a lo largo de la vida.
Debemos recordar que nuestro país tiene aún déficits importantes.
Nuestro sistema educativo sólo consigue que el 67% de los jóvenes completen
bachillerato o FP, lejos del objetivo europeo del 85%, siendo superada por
países como Grecia y los diez nuevos miembros de la Unión Europea. Alcanzar
ese objetivo en los próximos años es una meta irrenunciable y todos estamos
llamados a colaborar en tal tarea. El Gobierno y las Comunidades Autónomas
tenemos una responsabilidad ineludible.
Antes de terminar, quiero decirles que no podemos olvidar que el
sistema educativo, aunque muy importante, no es el único responsable de la
formación de nuestros jóvenes ciudadanos. La familia también tiene una
responsabilidad especial, como la tienen otros agentes sociales. Es preciso
lograr una mayor implicación y colaboración de los padres y las madres en la
educación de los hijos. Y también debemos promover la participación de otros
agentes en esa tarea. Sólo así se podrá avanzar realmente en la mejora de la
calidad del sistema, pues de nada vale el esfuerzo de todas las
Administraciones sin el apoyo de la sociedad. Por ese motivo, queremos
convocar a todos los miembros de la comunidad educativa al debate.
Queremos movilizar a nuestra sociedad en torno a la mejora del sistema
educativo. Queremos reavivar el interés por la educación de nuestros
ciudadanos más jóvenes.
Centros
Queremos centros escolares dotados de medios materiales y
personales suficientes, que proporcionen amplias experiencias educativas a los
alumnos, que se preocupen por conseguir altos niveles de aprendizaje,
atiendan a la diversidad de alumnos, estimulen su creatividad y les ofrezcan los
medios y los recursos necesarios para que todos puedan desarrollar sus
capacidades y desplegar sus potencialidades. Para ello, deben disponer de un
margen razonable de autonomía en su organización y en su funcionamiento, lo
que requiere como contrapartida la participación efectiva de toda la comunidad
escolar y el ejercicio de la corresponsabilidad. Estamos también dispuestos a
debatir acerca de cómo conseguir esos centros que necesitamos.
Nuestro discurso a favor de la calidad de la educación va
indisociablemente unido al de la equidad, de compensación de las
desigualdades y a la lucha contra la exclusión social. Por ese motivo, queremos
plantear cuáles son los mejores medios para asegurar una educación temprana
que contribuya a compensar las desigualdades de origen.
Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San
Segundo
29 de junio de 2004